Quimera de Arezzo
Economía

6.- La necesaria reconstrucción del consenso. (6/8 El final del Consenso Socialdemócrata)

1. John Rawls y la teoría de la justicia.

Una sociedad bien ordenada, moralmente justa con todos sus miembros, no puede regirse solo por consideraciones de eficiencia. En primer lugar por el propio concepto de justicia, que de manera magistral proponía John Rawls en su segundo principio de justicia: si cada persona no vive en soledad y solo puede alcanzar sus expectativas vitales en sociedad, entonces todos los miembros de la misma han de tener derecho a beneficiarse de ella y las desigualdades sociales, por tanto, no pueden estar justificadas (en la medida en que lo estén) tan solo desde criterios de eficiencia, ni tan siquiera por el interés general, más que en la medida en que resulten beneficiosas también para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Pero, además, en segundo lugar, si no hay un cierto equilibrio social, las instituciones no gozan de suficiente legitimidad y todo el entramado social deja de funcionar adecuadamente.

Porque no debemos ignorar el enorme riesgo que los procesos de deslegitimación social pueden generar en nuestras sociedades: vivimos en un contexto social donde las desigualdades de renta ya no se corresponden con desigualdades en el estatus personal: todos somos iguales jurídica y moralmente. Si las desigualdades económicas terminan trasladándose no solo a la vida social sino a los procesos políticos donde se definen realmente los derechos de cada cuál (cosa que deviene inevitable si la desigualdad económica alcanza niveles excesivos), la situación resultará completamente inaceptable.

Ese orden social necesario no puede generarse exclusivamente desde los mercados; sabemos que su funcionamiento permite la mejor asignación de recursos posible, la más eficiente, para los bienes y servicios que se encuentran en su ámbito propio; hoy por hoy no conocemos ningún otro mejor y los experimentos que han pretendido otra cosa han terminado siempre en una catástrofe económica; pero es desde el ámbito público democrático desde el que se han de promover los programas sociales que construyan una sociedad bien ordenada y regida por principios de justicia. El problema es que eso ya no es posible solo en el terreno de la política interna de cada estado y requiere del despliegue de proyectos políticos a desarrollar conjuntamente con otros estados. Y eso no ocurrirá, no será posible, si en cada país no hay un movimiento popular y coordinado que lo demande y que sea capaz de comprometer en él a sus representantes políticos. En su ausencia nadie se planteará la necesidad de recuperar la capacidad y los principios fiscales hoy prácticamente en estado de desmantelamiento, cerrar los paraísos fiscales, igualar el tratamiento de las rentas del capital con las del trabajo, avanzar en los problemas del medio ambiente, etc.

La derecha está imponiendo sus programas porque tiene muy claro que la línea de frente se ha globalizado y es en ese terreno en el que terminarán imponiéndose sus políticas simplemente por incomparecencia del adversario. La izquierda está ausente de este escenario, en estado de anomia o pretendiendo abandonar las pocas instituciones globalizadas en lugar de transformarlas para hacerlas verdaderamente operativas. Y además dividida entre quienes, de nuevo, vuelven a poner en cuestión el “sistema”, la democracia representativa, la única que conocemos digna de ese nombre, a la que consideran deslegitimada por su incapacidad para poner freno a las injusticias que genera la economía capitalista, y quienes huyen de esos discursos extremados, no para definir otros con mayor atractivo que permitan reconstruir el  consenso socialdemócrata desde nuevos presupuestos, sino abandonando, temerosos, el terreno a políticas que poco tienen que ver con los derechos sociales. Esa es hoy y desde hace años la situación en Europa: la derecha o el centro derecha son hegemónicos desde el inicio de la crisis.

2. Tampoco ahora hay una “ley de bronce”.

Y, sin embargo, hoy como ayer, el crecimiento de la economía es real, las mejoras de eficiencia que la tecnología y la globalización traen consigo son impresionantes y solo los corsés políticos, institucionales e ideológicos están impidiendo que se traslade a mayor bienestar de todos los ciudadanos. No hay ninguna ley inmanente del capitalismo, ninguna “ley de bronce” de los salarios, lo diga Ricardo, Marx, Piketty o el santo grial, que genere desigualdad y pobreza por sí misma, al margen de los deseos y voluntades colectivos; la que existe es resultado de políticas específicas o de la falta de las mismas. Como decíamos al principio de estas notas se tardaron más de cincuenta años, durante la primera revolución industrial, en conseguir que las mejoras de eficiencia que ésta traía consigo se trasladasen a mejores salarios y mayor bienestar. Eran las barreras políticas, los cambios en el mercado de trabajo que traía el desarrollo industrial y la falta de instituciones adecuadas las que lo estaban impidiendo, no ninguna ley del mercado, y llevó su tiempo dar con los movimientos y estrategias políticas adecuadas para contrarrestarlas. Ahora, de otra manera y con efectos muy diferentes, podría estar ocurriendo algo parecido.

La precarización y el aumento de la desigualdad que, en diferentes grados según los países, se viene adueñando de la vida social desde principios de los años 80 del pasado siglo son, por una parte el resultado, como antes hemos comentado, de cambios estructurales en el funcionamiento de la economía, que no provienen solo de la denominada “globalización”, y por otra de una ofensiva ideológica que plantea claramente la liquidación de las conquistas sociales alcanzadas a lo largo del Siglo XX y en particular durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se hace necesario recuperar de una forma nueva los derechos sociales y las políticas capaces de frenar y revertir el crecimiento de la desigualdad que estos cambios estructurales producidos en la economía nos traen y esto solo puede tener sentido en el ámbito público, de la manera en que se hacen las cosas en ese ámbito: con leyes y con programas políticos que lo lleven a la práctica.

3. El estado liberal fue una quimera.

Progresivamente, a lo largo de los dos últimos siglos, el estado se ha convertido en un elemento absolutamente esencial para el funcionamiento de la sociedad y de la economía. Esa ha sido la evolución de los estados democráticos ( e incluso de los que no lo son): el estado liberal fue en realidad tan solo una quimera ideológica, nunca llegó a existir de la manera en que sus mentores  principales (John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill y otros) lo imaginaban y lo propusieron, como una sociedad regida por el contrato entre particulares iguales (que venía a sustituir a otra basada en el estatus personal) en la que el papel del estado era meramente el de garante de los mismos y que debía intervenir lo menos posible en su funcionamiento. Por el contrario, el tamaño y la funcionalidad del estado no hicieron más que crecer, y crecer mucho, porque se trataba en realidad de una necesidad funcional de la sociedad en la que eso ocurría.

La tesis de Charles Tilly de que el estado “nacional” moderno era el producto no buscado de las necesidades de los gobernantes para extraer recursos para la guerra parece, como he analizado en otra parte, una tesis excesivamente limitada. La sociedad civil moderna, para su buen funcionamiento, necesita de un estado poderoso, eficiente, legitimado y justificado ideológicamente ante su población. Sin eso, ni la economía ni la sociedad civil en general pueden funcionar bien. La quimera de un estado “liberal”, pequeño y que deja todo el campo libre para que las fuerzas del mercado busquen sus propios equilibrios, es tan solo eso: una quimera. Sirve como herramienta para el combate ideológico, para la propaganda: se venden mucho mejor las críticas a la burocracia estatal que a los derechos sociales, pero nadie con un mínimo conocimiento de las cosas piensa que sea posible reducir de forma sustancial el tamaño del estado. Es decir, lo que se busca con este tipo de críticas es deslegitimar lo “público” y con ello justificar ideológicamente la retirada de los derechos sociales del ámbito público, presuponiendo que estos derechos vendrían a estar mejor servidos desde el mercado. Pero ahí queda todo para los actores políticos principales; digan lo que digan, muy pocos pretenden ir mucho más allá, como “regresar” a un supuesto paraíso liberal en el que, como saben bien, dejarían de funcionar las instituciones y con ellas todo el entramado de la sociedad civil, incluida la economía.

4. Los sindicatos.

Una parte esencial de esa legitimación del estado consiste en la provisión de amplios derechos sociales que hagan que las clases o grupos de personas peor situadas económicamente se sientan también partícipes de la sociedad. Se trata por definición de colectivos marginados, que no disponen de manera natural de ningún poder en el entramado de la sociedad, lo que requiere cierta tensión social que haga valer su voz y sus intereses. Tradicionalmente han sido los sindicatos de trabajadores los que han jugado ese papel, recogiendo y dando cauce a sus reivindicaciones. Pero los sindicatos hoy, aparentemente, ya no son lo que eran: su poder se ha reducido al compás de los cambios en la economía, que se ha terciarizado, reduciéndose mucho el número de trabajadores industriales en los que estaba basada su fortaleza.

Además, la fuerza sindical tiene sentido dentro de la empresa, los sindicatos tienden a representar a los trabajadores que ya tienen un empleo y un empleo estable: es ahí donde pueden exhibir su fuerza, su unidad y conseguir mejoras para los trabajadores que representan. Pero fuera de la empresa se mueven peor; no es que no les interesen los problemas de precariedad o desempleo; les interesan, pero no forman parte de su experiencia directa. En esos terrenos la estructura organizativa de los sindicatos actuales tiene poco que aportar. Además, el desempleo y las amenazas de deslocalización actúan como un freno que reduce el apoyo a las movilizaciones sindicales. Tampoco debemos olvidar el acoso ideológico al que los sindicatos han sido sometidos durante décadas; una parte de ese acoso se ha trasladado a las legislaciones laborales, hoy más restrictivas para la actividad sindical que hace unos años.

Bien es cierto que todo esto puede cambiar y probablemente lo hará. Si mejora la economía y baja la tasa de desempleo veremos de nuevo a los sindicatos recuperar su papel. Pero quizá hacen falta también otro tipo de organizaciones que representen mejor los intereses de las personas que sufren la precariedad y la falta de expectativas laborales, agrupadas, no en organizaciones basadas en la empresa, a las que no pertenecen de una manera directa o que lo hacen de una forma difusa o intermitente. Las demandas hoy más necesarias están en ese ámbito: salarios mínimos, horarios limitados en las pequeñas empresas, temporalidad, formación profesional auténtica, etc. Y junto a ello, reivindicaciones que exijan a cada gobierno compromisos internacionales que permitan: cerrar los paraísos fiscales, acuerdos entre países para gravar las rentas del capital de la misma manera que las del trabajo, más competencia real en los mercados, más regulación de los movimientos de capital a corto plazo, etc.

Y para ello hará falta también que se construyan nuevas organizaciones “Internacionales”. ¿Cómo es posible que movimientos que nacieron con una fortísima vocación internacionalista la hayan perdido y anden hoy compitiendo con discursos y estrategias que solo buscan encerrarse en las fronteras de cada nación? No estoy proponiendo que se abandonen los programas con objetivos “locales”, eso es imposible, los estados-nación siguen existiendo y es en ese ámbito en el que se han de tomar la mayor parte de las decisiones políticas; las instituciones internacionales con competencias cedidas por los gobiernos tienen un campo de actuación todavía muy limitado; pero los movimientos populares pueden coordinarse para construir estrategias políticas que sean capaces de trasladar a los gobiernos la necesidad de globalizar las políticas para un orden social justo, que los mercados no son capaces de establecer, pues su ámbito propio, suponiendo que estén bien regulados, tan solo puede tener en cuenta criterios de eficiencia. Los mercados son necesarios, nos traen prosperidad y desarrollo, pero una sociedad bien ordenada, moralmente justa para todos sus miembros, no puede regirse tan solo por criterios de eficiencia.

 

Foto: Quimera de Arezzo. Bronce etrusco de aproximadamente el 400 A.C. Autor desconocido. En la pata derecha, está grabada una dedicatoria: Para Tinia. Si era como se conocía al Estado Liberal en aquella época, o el nombre de la novia que dejó al autor por otro, es un misterio.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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